La citada Ley fue impulsada por el propio Ejecutivo del PSOE en el año 2007, y completada por el del PP, con un Real Decreto de 2013 que regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.
Sentencia del Tribunal Supremo que anuló el catálogo.
Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2016, basándose en el criterio de los científicos, anuló parcialmente ese catálogo, al considerar que invasoras que habían sido excluidas del mismo, como la carpa, el cangrejo rojo o la trucha arcoíris, debían formar parte de él.
Esta sentencia provocó gran malestar en los sectores económicos afectados por la cría de estas especies así como en algunas organizaciones de pescadores, que no estaban de acuerdo con no devolver a los ríos especies invasoras pescadas (como la carpa o el lucio), evitando así el daño generado a los ecosistemas autóctonos.
La UE ha cifrado en 12.000 millones al año el coste de erradicación de estas especies en la región, según ha recordado el diputado de Equo-Unidos Podemos, Juan López de Ugalde.
Votos en contra y abstenciones
A pesar de ello, todos los grupos parlamentarios, salvo Unidos Podemos y Compromís que han votado en contra y PNV y ERC que se han abstenido, han apoyado una iniciativa de la diputada del PP María Teresa de Lara, para crear las citadas excepciones.
La misma insta al Ejecutivo a que “dote de cobertura jurídica a algunos sectores que, tras la sentencia del Supremo, se encuentran con una situación no prevista en la normativa”, impulsando para ello “la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad“, ha incidido De Lara.
La diputada del PP ha dicho que estos “sectores económicos generan mucho empleo en el mundo rural”, mientras que el diputado del PSOE, Manuel González, ha argumentado que “es posible que las cosas tengan una solución para todos”, y defendido que “cuando se hacen las cosas bien no hay porque preocuparse”.
EFE